La dictadura de las minorías

Lo ocurrido en el Concejo Municipal de La Paz no constituye un episodio aislado ni una simple disputa por la elección de una directiva. Es la manifestación de un problema mucho más profundo: la creciente tendencia de algunos actores políticos a interpretar las normas según su conveniencia coyuntural, aun cuando ello implique desvirtuar el mandato expresado por los ciudadanos en las urnas.

Nuevos concejales, viejas prácticas.

La historia política boliviana está llena de estos episodios. Cambian los protagonistas, cambian los partidos y cambian los discursos, pero las prácticas permanecen. Pactos de ocasión, alianzas circunstanciales y acuerdos de último momento terminan sustituyendo la representación popular por la aritmética política.

En la sesión de instalación del nuevo Concejo, el comité ad hoc, encargado de conducir la elección de la directiva, permitió que una coalición de fuerzas minoritarias eligiera a la presidenta y al secretario del ente deliberante, dejando al margen a Innovación Humana, la fuerza política que obtuvo el 23,72 % de la votación ciudadana en las elecciones municipales de abril.

La discusión trasciende el nombre de quien ocupa la presidencia del Concejo. El verdadero debate gira en torno a una pregunta esencial para cualquier democracia: ¿puede una suma de minorías desconocer el mandato de la primera mayoría cuando la propia normativa establece una distribución específica de los cargos directivos?

La legislación municipal parece ofrecer una respuesta clara. El reglamento dispone que la Presidencia y la Secretaría corresponden a la mayoría, mientras que la Vicepresidencia debe recaer en la minoría. La lógica de esta disposición no es casual: busca que la estructura de conducción del órgano legislativo refleje la voluntad ciudadana expresada en las urnas y garantice, al mismo tiempo, espacios de control para quienes no alcanzaron la mayoría.

La jurisprudencia constitucional también aporta elementos relevantes. La Sentencia Constitucional Plurinacional 0091/2018-S3, emitida a propósito de un conflicto similar en el municipio de Cobija, estableció que la mayoría debe entenderse como la fuerza política que obtuvo el mayor respaldo electoral o la mayor representación institucional. A ello se suma el precedente del caso conocido como "Dulón contra Chambilla", que reafirma el principio de proporcionalidad en la conformación de las directivas de los órganos deliberantes.

Si estos criterios son aplicables al caso paceño, la controversia deja de ser un simple desacuerdo político para convertirse en un debate sobre la legalidad de la elección y la legitimidad de quienes hoy ejercen la conducción del Concejo.

Más preocupante aún es el mensaje político que deja este episodio. Resulta difícil explicar a la ciudadanía que una organización política que obtuvo apenas el 6,94 % de los votos termine encabezando el órgano deliberativo, mientras la fuerza más votada queda excluida de los principales espacios de conducción. La democracia no consiste únicamente en sumar votos dentro de un recinto; consiste, sobre todo, en respetar el mandato que la ciudadanía otorgó mediante el sufragio.

La decisión del bloque encabezado por César Dockweiler de retirarse de la sesión tampoco puede analizarse únicamente desde la óptica política. Según la concejala Miriam Aguilar, dicha determinación respondió a una estrategia jurídica sustentada en precedentes constitucionales que establecen que la permanencia y participación en una sesión puede interpretarse como una aceptación tácita de las decisiones adoptadas. Desde esa perspectiva, la ausencia buscaba evitar la convalidación de un procedimiento que consideran irregular y preservar la posibilidad de impugnarlo posteriormente por la vía constitucional.

Será precisamente la justicia constitucional la que determine si la elección cumplió o no con los requisitos legales. Sin embargo, independientemente del desenlace judicial, el daño político ya está hecho. La instalación de una directiva cuestionada proyecta una imagen de fragilidad institucional en un momento en que la ciudad enfrenta desafíos que requieren acuerdos amplios y estabilidad política.

La política pierde legitimidad cuando los ciudadanos perciben que las reglas pueden modificarse según la conveniencia de quienes circunstancialmente logran construir una mayoría parlamentaria. La ley deja de ser un marco de convivencia para convertirse en un instrumento de disputa. Y cuando eso ocurre, la confianza en las instituciones comienza a erosionarse.

El Concejo Municipal no es un escenario para disputas de poder desconectadas del interés ciudadano. Es el órgano encargado de fiscalizar la gestión municipal, aprobar normas y representar a los paceños. Su directiva no puede convertirse en el resultado de una negociación coyuntural que contradiga el espíritu de la representación democrática.

La democracia no se debilita únicamente cuando se vulnera el voto mediante el fraude. También se resiente cuando el mandato popular es reinterpretado para favorecer acuerdos políticos que alteran la lógica de la representación. Porque las mayorías tienen el derecho de gobernar, pero las minorías tienen el deber democrático de ejercer control y fiscalización, no de sustituir, mediante pactos, la voluntad soberana expresada por la ciudadanía.

Si las normas pueden acomodarse según las circunstancias políticas del momento, el problema deja de ser quién preside hoy el Concejo Municipal de La Paz. El verdadero problema será que mañana cualquier institución del país podrá hacer exactamente lo mismo. Y cuando las reglas dejan de ser iguales para todos, la democracia comienza a perder su principal sustento: la confianza de los ciudadanos.