Las recientes jornadas de protesta en la ciudad de La Paz han vuelto a dejar una escena tan preocupante como recurrente: periodistas y camarógrafos agredidos, reporteros insultados y equipos de prensa convertidos en blanco de quienes, amparados en movilizaciones de carácter social o político, desatan actos de violencia.
Estas agresiones no solo atentan contra la integridad de los trabajadores de la prensa; también vulneran el derecho de la ciudadanía a estar informada. Cuando se silencia, intimida o ataca a un periodista, no se golpea únicamente a una persona o a un medio de comunicación: se golpea a la democracia y a la libertad de expresión.
En escenarios de alta tensión social, la seguridad física de la prensa sigue siendo una deuda pendiente en el país. Los periodistas salen a cubrir conflictos prácticamente desprotegidos, expuestos tanto a la furia de grupos movilizados como a la insuficiente capacidad estatal para garantizar condiciones mínimas de trabajo. No existen lugares seguros, protocolos efectivos ni mecanismos reales de protección inmediata cuando la violencia se desborda.
El problema se agrava cuando ciertos grupos convierten a la prensa en enemigo. La razón es evidente: la cámara incomoda. El micrófono registra. La fotografía documenta. El lente se transforma en una prueba incómoda para quienes actúan desde el anonimato de la multitud y descargan violencia sobre bienes públicos, ciudadanos o adversarios políticos.
Muchos de los ataques contra periodistas no son casuales ni producto del “calor del momento”. Existe una intención deliberada de impedir el registro visual de los hechos. El agresor teme quedar identificado. Sabe que una imagen puede circular en redes sociales, llegar a la Fiscalía, convertirse en evidencia judicial o simplemente desnudar ante la opinión pública un comportamiento criminal que contradice cualquier discurso de reivindicación social.
Por eso se destruyen cámaras. Por eso se arrebatan celulares. Por eso se amenaza a reporteros. La violencia busca oscuridad, impunidad y silencio. El periodismo, en cambio, trabaja precisamente para evitar que los hechos queden ocultos.
Lo más grave es que estas agresiones terminan normalizándose. Cada conflicto deja periodistas heridos, pero pocas investigaciones avanzan y casi nunca existen sanciones ejemplares. El mensaje es peligroso: atacar a la prensa parece no tener consecuencias. Esa permisividad alimenta nuevas agresiones y profundiza el deterioro democrático.
Una sociedad que tolera ataques a periodistas termina aceptando también la censura de facto. Porque no hace falta cerrar medios para limitar la libertad de expresión; basta con sembrar miedo. Basta con que un camarógrafo dude antes de grabar o que un reportero piense dos veces antes de acercarse a una manifestación violenta.
La labor periodística en contextos conflictivos requiere garantías reales. Los medios necesitan mejores protocolos de cobertura y equipamiento de seguridad, pero también el Estado debe asumir su responsabilidad de proteger el trabajo informativo sin interferir en él. Y los sectores movilizados deberían comprender que la prensa no es el adversario político: es el testigo de la historia inmediata.
Cuando una cámara se convierte en objetivo de la violencia, lo que realmente se intenta destruir no es un aparato electrónico, sino la posibilidad de conocer la verdad de los hechos.