Bolivia 2025: derechos humanos bajo presión en un país atrapado entre la crisis y el extractivismo

El año 2025 dejó en Bolivia una paradoja que merece ser examinada más allá de los resultados electorales y de la transición política: el país cambió de actores en la conducción del Estado, pero no logró modificar de manera sustancial las condiciones que erosionan los derechos humanos.

La llegada de nuevos actores políticos al poder estuvo acompañada de un discurso de renovación institucional, recuperación económica y superación de la crisis. Sin embargo, detrás de esa promesa de cambio persistió una estructura económica profundamente dependiente de la explotación de recursos naturales y de la expansión de actividades extractivas. Esa continuidad tuvo consecuencias directas sobre los derechos colectivos, particularmente sobre el derecho a un medioambiente sano, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y campesinos y la defensa de los derechos humanos.

El balance elaborado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) sobre la situación de los derechos humanos en 2025 sostiene que el país atraviesa una crisis profunda en esta materia. La conclusión no se sustenta únicamente en una percepción política, sino en el monitoreo de vulneraciones registradas durante el año y en su relación con las estructuras económicas y las actuaciones del poder político.

El dato más revelador es que durante 2025 se registraron 129 vulneraciones a los derechos a un medioambiente sano y de los pueblos indígenas, frente a 117 identificadas en 2024. A ello se sumaron 54 hechos de agresión contra personas y organizaciones defensoras de estos derechos, 21 más que el año anterior. En términos promedio, el monitoreo identifica aproximadamente una vulneración ambiental o territorial cada tres días y 4,5 agresiones mensuales contra defensores ambientales.

La cifra adquiere una dimensión política cuando se observa que estas vulneraciones no aparecen como hechos aislados. Forman parte de un escenario en el que la expansión de la minería, el agronegocio, la explotación hidrocarburífera y la mercantilización de tierras entra en conflicto con comunidades, territorios, ecosistemas y personas que intentan defenderlos.

El problema, por tanto, no puede reducirse a determinar cuántos derechos fueron vulnerados. La pregunta de fondo es otra: ¿qué ocurre cuando la política económica de un Estado comienza a considerar los derechos como obstáculos para enfrentar una crisis?

La crisis económica como argumento para flexibilizar derechos

Una de las características centrales de 2025 fue la utilización de la crisis económica como argumento para profundizar el extractivismo.

Bolivia llegó a ese año después de un prolongado deterioro de sus condiciones económicas. La reducción de los ingresos fiscales, la presión sobre las reservas y las dificultades para sostener determinadas políticas públicas colocaron al Gobierno ante la necesidad de buscar nuevas fuentes de divisas.

En ese contexto, los recursos naturales adquirieron nuevamente una importancia estratégica. El problema es que la explotación intensiva de materias primas no solamente genera ingresos. También produce costos sociales, territoriales y ambientales que rara vez aparecen en las cuentas oficiales.

El informe del CEDIB advierte precisamente que los impactos sociales y ambientales del extractivismo suelen quedar fuera de la contabilidad económica. La destrucción del tejido social, la degradación de las condiciones de vida, la contaminación y la alteración de los ecosistemas se convierten en pasivos que terminan siendo asumidos por las comunidades y por el propio Estado.

Esta lógica genera una peligrosa contradicción. Mientras el Estado presenta la expansión extractiva como una vía para superar la pobreza y recuperar la economía, las comunidades que habitan los territorios donde se encuentran esos recursos experimentan contaminación, pérdida de tierras, restricciones sobre el agua, conflictos sociales y debilitamiento de sus mecanismos de participación.

La crisis, entonces, corre el riesgo de convertirse en una justificación para reducir controles, acelerar procedimientos y limitar la consulta a las poblaciones directamente afectadas.

El mapa de las vulneraciones: minería, tierras y agronegocio

Los datos de 2025 permiten identificar con claridad los principales territorios y actividades económicas donde se concentra la conflictividad.

De las vulneraciones registradas, 69 estuvieron relacionadas con la minería, 37 con el agronegocio, monocultivos y carne de exportación, 21 con la mercantilización de tierras, 14 con hidrocarburos, siete con infraestructura y tres con actividades vinculadas al narcotráfico. Debido a que algunos casos involucran simultáneamente más de un sector, los porcentajes no deben interpretarse como categorías excluyentes.

La minería aparece, de esta manera, como el principal foco de presión sobre los derechos ambientales y territoriales.

Pero no se trata exclusivamente de una disputa económica. En numerosos casos se encuentra en juego el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios y a participar en aquellas decisiones que pueden transformar radicalmente sus condiciones de vida.

El 53% de los casos registrados se produjo en territorios indígenas, tierras comunales o TCO/TIOC. Otro 26% tuvo como escenario ríos y cuencas; 25%, áreas protegidas y reservas forestales; y 17%, tierras de comunidades campesinas.

La geografía de las vulneraciones revela, por tanto, una realidad incómoda: los espacios donde se concentra la biodiversidad y donde viven pueblos indígenas y comunidades campesinas son también algunos de los principales escenarios de presión económica.

El agua se convierte en el principal campo de batalla

Entre los derechos afectados, el agua ocupa un lugar central.

Casi la mitad de las vulneraciones identificadas en 2025 —49,6%— estuvo relacionada con el agua, los sistemas hidrológicos y las cuencas. La contaminación de ríos y fuentes de agua representó por sí sola 39% de los casos. También se registraron desvíos de ríos, inundaciones y mazamorras vinculadas con actividades mineras y deforestación, represamientos y restricciones de acceso al agua.

La importancia de estos datos supera la dimensión ambiental. El agua es un derecho que conecta otros derechos fundamentales: salud, alimentación, vivienda, producción, educación y vida digna.

Cuando una actividad minera contamina un río, el daño no termina en el ecosistema. Puede afectar la producción agrícola, la alimentación de una comunidad, la salud de sus habitantes y la continuidad de sus formas tradicionales de vida.

Por ello, la defensa del agua constituye también una defensa integral de los derechos humanos.

Territorio indígena: entre la consulta y la imposición

Otro de los principales problemas identificados durante 2025 fue la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

El informe registra 48 casos relacionados específicamente con estos derechos. Entre ellos aparecen actividades mineras sin consulta previa, libre e informada; proyectos hidrocarburíferos en ecosistemas frágiles sin consulta; otorgación o restitución de licencias ambientales sin consulta; contratos mineros en territorios indígenas y eliminación de salvaguardas destinadas a proteger territorios, pueblos indígenas, áreas protegidas y defensores.

La consulta previa no es un trámite administrativo accesorio. Constituye un mecanismo destinado a garantizar que los pueblos indígenas puedan participar en decisiones que afectan sus territorios, cultura, recursos y formas de vida.

Cuando una comunidad es informada después de que una decisión ya fue tomada, la consulta pierde su sentido democrático.

El problema se agrava cuando aparecen mecanismos de división interna. El monitoreo del CEDIB identifica presiones, chantajes, prebendas, creación de organizaciones paralelas, deslegitimación de dirigentes y estrategias destinadas a conseguir que las comunidades acepten o se resignen a proyectos extractivos.

En esas circunstancias, el conflicto deja de ser simplemente una disputa entre una empresa y una comunidad. Se transforma en una disputa por quién tiene capacidad efectiva para decidir sobre el territorio.

Oro, mercurio y la paradoja de una riqueza que deja pobreza

La minería aurífera constituye uno de los casos más preocupantes.

Según el monitoreo de 2025, la explotación de oro y el uso de mercurio concentraron 43 casos de vulneración, la cifra más alta entre las actividades económicas identificadas. La minería de zinc, estaño, plata, plomo y otros minerales registró otros 36 casos.

La paradoja es evidente. Aunque las exportaciones de oro experimentaron una caída significativa respecto de los niveles alcanzados en años anteriores, las vulneraciones relacionadas con esta actividad continuaron aumentando.

El informe encuentra posibles explicaciones en el crecimiento de la informalidad, el contrabando, la evasión fiscal y la vinculación entre actividades mineras y economías ilegales.

El problema no es solamente cuánto oro produce Bolivia, sino qué ocurre alrededor de esa producción.

Cuando una actividad altamente rentable se desarrolla en territorios alejados de los centros de poder, con controles insuficientes y vínculos con mercados informales o ilegales, se incrementa el riesgo de que las instituciones públicas pierdan capacidad de regulación.

El resultado puede ser una economía que exporta riqueza mientras deja contaminación, conflictos territoriales y debilitamiento institucional en las regiones productoras.

Deforestación y agronegocio: el derecho a un ambiente sano en retroceso

El segundo gran frente de conflicto está relacionado con el avance del agronegocio y la mercantilización de tierras.

El informe registra 40 casos vinculados con la mercantilización de tierras, 28 relacionados con la soya y otros 28 con la expansión de la producción de carne bovina. También aparecen los agrocombustibles y otros componentes del modelo agroindustrial.

La relación entre producción y daño ambiental tampoco es lineal. En algunos sectores, las exportaciones disminuyeron mientras las vulneraciones continuaron aumentando.

El caso de la soya resulta ilustrativo. Las exportaciones de soya en grano y otras oleaginosas disminuyeron considerablemente entre 2022 y 2025, mientras los conflictos vinculados con expansión agrícola, mercantilización de tierras y deforestación persistieron.

Esto sugiere que el problema no puede analizarse exclusivamente desde la rentabilidad exportadora. La expansión de la frontera agrícola puede estar asociada también a la especulación con la tierra y a procesos de apropiación territorial.

En el caso de la ganadería, el incremento de las exportaciones de carne bovina estuvo acompañado por impactos ambientales relacionados con deforestación e incendios para habilitar nuevas áreas destinadas a pasturas. El informe identifica a San Ignacio de Velasco como un caso particularmente significativo por la pérdida de cobertura boscosa.

La pregunta fundamental es si un modelo de crecimiento basado en ampliar permanentemente la frontera productiva puede considerarse compatible con el derecho colectivo a un medioambiente sano.

Los defensores ambientales: la primera línea de una democracia en riesgo

Quizá uno de los indicadores más preocupantes de la situación de los derechos humanos en Bolivia durante 2025 sea el aumento de las agresiones contra quienes defienden los territorios y el medioambiente.

El CEDIB registró 54 vulneraciones contra defensores ambientales, frente a 33 en 2024. El 68% de las víctimas fueron autoridades, líderes y comunarios indígenas o campesinos; otro 21% correspondió a comunidades indígenas o campesinas. También fueron afectados periodistas ambientales, mujeres indígenas o campesinas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales que apoyan a comunidades.

Los ataques no adoptan una sola forma.

El patrón más frecuente fue el de amenazas, hostigamiento, acoso administrativo o laboral e intimidación, con 23 casos. Le siguieron chantajes y coacciones a organizaciones, detenciones arbitrarias y procesos judiciales sin debido proceso, campañas de desprestigio, agresiones físicas y restricciones a libertades civiles y políticas.

Es decir, la violencia contra los defensores no necesariamente comienza con una agresión física.

Puede comenzar con una campaña de desprestigio. Continuar con amenazas. Pasar después a la división de una organización comunitaria y terminar en un proceso judicial.

Esta secuencia es especialmente peligrosa porque convierte la defensa de derechos en una actividad de alto riesgo.

Cuando defender un derecho puede convertirse en delito

La judicialización de dirigentes y defensores constituye una de las dimensiones más delicadas del problema.

El monitoreo identifica la utilización de procesos penales, restricciones al acceso a la justicia y actuaciones judiciales como mecanismos que pueden desalentar la resistencia comunitaria frente a proyectos extractivos.

El informe señala que, en los últimos nueve años, cuatro patrones se han mantenido de manera recurrente: hostigamiento e intimidación; desprestigio, deslegitimación y estigmatización; judicialización y falta de acceso a la justicia; y chantaje o coacción a organizaciones.

La tendencia adquiere mayor relevancia porque en 2025 los cuatro patrones registraron un marcado incremento.

Cuando el sistema penal se utiliza contra quienes reclaman información, consulta, protección ambiental o respeto a su territorio, la justicia deja de funcionar como garantía de derechos y puede transformarse en instrumento de presión.

El Estado: ¿garante o actor del conflicto?

El núcleo del problema está en el papel del Estado.

En un Estado constitucional, las instituciones públicas deberían actuar como garantes de derechos frente a cualquier actor económico o político. Sin embargo, el balance de 2025 identifica situaciones en las que las instituciones estatales aparecen como omisas, permisivas o incluso involucradas en las dinámicas de presión.

Entre los perpetradores de agresiones contra defensores ambientales aparecen actores directamente vinculados con actividades extractivas en 85% de los casos. También aparecen actores estatales en 43% de los casos, incluyendo autoridades del Gobierno central, funcionarios judiciales, gobiernos subnacionales, policías, legisladores y otros actores institucionales.

Estos porcentajes no significan que todos los actores identificados hayan participado individualmente en cada hecho. El propio informe advierte que varios tipos de perpetradores pueden concurrir en un mismo caso.

Pero sí revelan una situación preocupante: existe una zona de convergencia entre intereses económicos, decisiones políticas y debilidad institucional.

Cuando el Estado no controla adecuadamente una actividad extractiva, no garantiza la consulta previa, no protege a quienes denuncian impactos ambientales o permite la criminalización de dirigentes comunitarios, deja de ser un árbitro efectivo del conflicto.

El cambio político no garantiza automáticamente un cambio en los derechos

El año 2025 estuvo marcado por el final de un largo ciclo político dominado por el Movimiento al Socialismo y la llegada de nuevos actores al Gobierno.

El cambio generó expectativas de renovación institucional. Sin embargo, según el balance del CEDIB, la sustitución de actores políticos no produjo una transformación sustancial de la relación entre Estado, extractivismo y derechos humanos.

El problema, en consecuencia, no estaría exclusivamente en quién gobierna, sino en el modelo de desarrollo que los diferentes gobiernos terminan reproduciendo.

Esta es quizá la conclusión política más importante del informe: la continuidad del extractivismo puede producir continuidad en la vulneración de derechos, incluso cuando cambian los partidos y los gobernantes.

La experiencia boliviana demuestra que las diferencias ideológicas pueden reducirse cuando llega el momento de obtener divisas mediante la explotación de recursos naturales.

El Decreto 5503 y la señal de una política de emergencia

Uno de los episodios más representativos de esta tensión fue el Decreto Supremo 5503, promulgado en diciembre de 2025.

El informe sostiene que el decreto planteó un régimen extraordinario de inversiones y procesos administrativos abreviados, además de medidas económicas de emergencia. Entre los aspectos cuestionados se encontraba la flexibilización de controles sobre la explotación de recursos naturales y de mecanismos relacionados con la consulta previa.

La posterior abrogación de la norma no elimina la importancia política del episodio.

La señal que deja es que, en contextos de crisis, existe una fuerte tentación de presentar los controles ambientales, la participación ciudadana y la consulta previa como obstáculos para atraer inversiones.

Pero precisamente en las crisis es cuando las instituciones democráticas necesitan mayor fortaleza.

Los derechos humanos no pueden convertirse en una variable de ajuste económico.

Democracia no es solamente votar

El balance de 2025 obliga también a ampliar la idea de democracia.

Una democracia no se reduce a la celebración periódica de elecciones. También requiere libertad de expresión, libertad de asociación, acceso a información pública, participación ciudadana, independencia judicial, derecho a la protesta y garantías para quienes defienden derechos.

Cuando las comunidades son excluidas de decisiones que afectan sus territorios, cuando los dirigentes son estigmatizados, cuando periodistas ambientales enfrentan presiones o cuando la protesta puede derivar en procesos judiciales, la democracia comienza a perder contenido sustantivo.

El problema es especialmente grave porque las restricciones pueden presentarse como medidas administrativas aparentemente aisladas.

Pero acumuladas producen un efecto estructural: reducen el espacio disponible para la sociedad civil.

La justicia como último refugio

Ante las dificultades del sistema interno, los mecanismos internacionales de protección de derechos adquieren una importancia creciente.

El informe destaca el papel del Acuerdo de Escazú, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las herramientas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de tratados de Naciones Unidas y el Examen Periódico Universal.

Estos mecanismos funcionan como una especie de última línea de protección cuando las instituciones nacionales no ofrecen respuestas adecuadas.

Sin embargo, una democracia saludable no debería depender permanentemente de instancias internacionales para proteger derechos que están reconocidos en su propia Constitución.

La verdadera solución pasa por reconstruir la institucionalidad interna, garantizar independencia judicial, fortalecer los mecanismos de fiscalización y asegurar que las autoridades cumplan las obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado.

2025: un año de advertencia

El estado de los derechos humanos en Bolivia durante 2025 puede resumirse en una palabra: fragilidad.

Fragilidad ambiental, porque aumentaron las presiones sobre agua, bosques, territorios y ecosistemas.

Fragilidad territorial, porque pueblos indígenas y comunidades campesinas enfrentaron nuevas presiones sobre sus espacios de vida.

Fragilidad institucional, porque las instituciones encargadas de proteger derechos aparecen frecuentemente debilitadas o ausentes.

Fragilidad democrática, porque quienes ejercen su derecho a defender el territorio pueden enfrentar amenazas, estigmatización, restricciones y judicialización.

Y fragilidad económica, porque la crisis incrementa la dependencia de un modelo extractivo que reproduce las condiciones que contribuyeron a generar la propia vulnerabilidad del país.

Los números son contundentes: 129 vulneraciones ambientales y territoriales y 54 agresiones contra defensores ambientales durante 2025. Pero detrás de cada cifra hay comunidades, familias, dirigentes, territorios, ríos y bosques.

La discusión sobre derechos humanos no puede reducirse, por ello, a la denuncia de casos individuales. El desafío consiste en comprender la estructura que produce esas vulneraciones.

El verdadero desafío: cambiar la relación entre economía y derechos

Bolivia enfrenta una decisión histórica.

Puede continuar considerando sus recursos naturales como la respuesta inmediata a cada crisis económica o puede comenzar a construir un modelo que incorpore el costo ambiental, social y humano de sus decisiones económicas.

La primera opción ofrece ingresos rápidos, pero puede profundizar la dependencia, la conflictividad y el deterioro de los ecosistemas.

La segunda exige mayor planificación, instituciones fuertes, participación ciudadana y una visión de largo plazo.

La cuestión no es estar a favor o en contra de la minería, de los hidrocarburos, de la agricultura o de la inversión privada. El problema fundamental es determinar bajo qué condiciones esas actividades pueden desarrollarse sin destruir derechos fundamentales.

El desarrollo no puede medirse únicamente por el volumen de exportaciones.

Una economía que produce divisas mientras contamina ríos, destruye bosques, desplaza comunidades y criminaliza a quienes denuncian esos impactos está generando crecimiento estadístico, pero no necesariamente bienestar.

El desafío consiste en construir una economía capaz de generar riqueza sin convertir los derechos humanos en el costo oculto de la prosperidad.

Una democracia se mide también por la capacidad de proteger a quien protesta

El balance de 2025 deja finalmente una advertencia que trasciende al Gobierno de turno.

Los gobiernos cambian. Los partidos pierden elecciones. Los discursos políticos se transforman. Pero las estructuras económicas y las prácticas institucionales pueden permanecer intactas.

Por eso, la defensa de los derechos humanos no puede depender de la voluntad de un determinado partido o presidente.

Debe existir un sistema institucional capaz de proteger a las comunidades incluso cuando sus demandas incomodan al poder político o afectan intereses económicos importantes.

En ese sentido, defender a un dirigente indígena, a una comunidad campesina, a un periodista ambiental o a una organización que denuncia contaminación no significa defender un interés sectorial. Significa defender el principio democrático de que cualquier ciudadano tiene derecho a cuestionar las decisiones del poder.

Bolivia necesita superar la idea de que la crisis económica justifica cualquier sacrificio.

Los derechos humanos no son un lujo reservado para los tiempos de bonanza. Son precisamente el límite que debe impedir que las crisis se conviertan en una licencia para debilitar la democracia.

El año 2025 mostró que el problema no desapareció con el cambio político. Por el contrario, la evidencia presentada por CEDIB apunta a una continuidad preocupante: cambian los actores, pero persiste una estructura de poder que coloca al extractivismo en el centro de la política económica y deja a los derechos humanos expuestos a sus consecuencias.

El reto para Bolivia no consiste solamente en salir de la crisis económica.

Consiste en hacerlo sin salir también del Estado de derecho.

Porque cuando un país debe elegir entre ingresos y derechos, entre inversión y consulta, entre crecimiento y protección ambiental, el verdadero problema no es económico.

Es democrático.