Lenín Moreno: la corrupción desde la presidencia

La sentencia que declara culpable al expresidente ecuatoriano Lenín Moreno por el delito de cohecho no es solamente el final de un proceso judicial. Es, sobre todo, un episodio que vuelve a colocar una pregunta incómoda en el centro de la política latinoamericana: ¿qué ocurre cuando quienes llegan al poder para administrar los recursos públicos terminan utilizando su influencia para favorecer intereses privados?

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró a Moreno culpable y le impuso una pena de cinco años de prisión por su participación en una trama de sobornos vinculada al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, adjudicado a la empresa china Sinohydro. Según lo establecido en el proceso, la trama habría movilizado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2018.

Moreno ha rechazado las acusaciones y sostiene que nunca recibió dinero ilícito. También ha anunciado que apelará la decisión.  En un Estado de derecho, una sentencia puede ser cuestionada mediante los mecanismos de apelación previstos por la ley. Pero una cosa es la defensa jurídica de una persona y otra muy distinta la discusión política que provoca una condena por corrupción contra quien llegó a ocupar la Presidencia de la República.

Y ahí está la verdadera dimensión del caso.

El poder no es patrimonio personal

La corrupción pública no comienza necesariamente cuando alguien introduce dinero en un bolsillo. Muchas veces comienza antes: cuando un funcionario entiende que su cargo le permite intervenir, influir, facilitar o bloquear decisiones en función de intereses particulares.

El caso Moreno resulta especialmente significativo porque los hechos investigados se remontan a la época en que ejercía como vicepresidente de Rafael Correa, entre 2007 y 2013. La sentencia sostiene que utilizó su posición para favorecer una red relacionada con el empresario Conto Patiño y con el proceso vinculado a Coca Codo Sinclair.

El mensaje institucional es contundente: el poder político no termina en la firma de un contrato. También existe responsabilidad cuando desde una posición de influencia se favorecen determinadas operaciones, actores económicos o decisiones administrativas.

Por eso la corrupción debe ser entendida como un problema mucho más profundo que el simple enriquecimiento personal. Es la utilización del Estado como una extensión de intereses privados.

Coca Codo Sinclair: la obra como símbolo

Hay otro elemento que convierte este caso en particularmente relevante.

Coca Codo Sinclair fue concebida como una de las grandes obras de infraestructura de Ecuador. La hidroeléctrica, construida con participación de Sinohydro, representó una inversión superior a los 2.000 millones de dólares y se convirtió en una obra emblemática del país.

Pero una obra pública puede ser monumental y, al mismo tiempo, convertirse en escenario de corrupción.

Ese es uno de los grandes peligros de la política de infraestructura en América Latina: la magnitud de una obra puede convertirse en una cortina de humo que dificulte observar cómo se adjudican los contratos, quiénes intervienen en las decisiones, qué empresas aparecen como intermediarias y hacia dónde termina fluyendo el dinero.

El problema, por tanto, no es solamente cuánto cuesta una carretera, una represa, un aeropuerto o una hidroeléctrica. La pregunta fundamental es cuánto termina costándole realmente al ciudadano y quiénes se benefician de los contratos públicos.

La familia y el poder

Otro aspecto delicado de la sentencia es que el tribunal también declaró culpables a familiares de Moreno, considerados cómplices dentro de la trama. Según la información conocida sobre el fallo, su esposa, hija, hermanos y una cuñada recibieron condenas.

Esto plantea una cuestión que va más allá del caso ecuatoriano: cuando el poder político se mezcla con relaciones familiares, empresariales y financieras, la frontera entre lo público y lo privado puede comenzar a desaparecer.

La transparencia no debería terminar en el funcionario que firma. Debe extenderse a su entorno, sus intermediarios, sus empresas relacionadas y los beneficiarios reales de las operaciones.

Una lección para América Latina

La condena de Moreno también tiene una dimensión regional.

Ecuador ha visto cómo varios de sus expresidentes han terminado enfrentando procesos o condenas por corrupción. La justicia ecuatoriana ya había condenado anteriormente a otros exmandatarios por delitos relacionados con corrupción.

Esto puede interpretarse de dos maneras.

La primera, pesimista, es pensar que la corrupción se ha instalado estructuralmente en la política latinoamericana.

La segunda, más esperanzadora, es entender que las instituciones judiciales están demostrando que el cargo de presidente no debería otorgar impunidad.

Esta segunda interpretación es fundamental para la democracia.

Una democracia no se fortalece solamente cuando gana un candidato en las urnas. Se fortalece cuando ese candidato, una vez convertido en gobernante, sabe que sus decisiones serán fiscalizadas, que los contratos serán examinados y que eventualmente deberá responder ante la justicia.

La verdadera condena

Cinco años de prisión pueden ser la consecuencia jurídica establecida por un tribunal. Pero la verdadera condena política es mucho más profunda.

Cuando un presidente es condenado por corrupción, no solamente se juzga a una persona. Se deteriora la confianza de los ciudadanos en la política, en las instituciones y en la democracia.

Cada dólar desviado de una obra pública es un dólar que pudo ser parte de la solución de las necesidades en salud, educación o seguridad ciudadana.

Por eso la corrupción no es un delito sin víctimas.

Tiene millones de víctimas silenciosas: los ciudadanos que pagan impuestos y reciben servicios deficientes; los empresarios honestos que pierden contratos frente a quienes tienen contactos políticos; los jóvenes que pierden oportunidades; y las sociedades que terminan convencidas de que para prosperar hay que tener un padrino político.

La lección que deja More

El caso Lenín Moreno debería ser observado en toda América Latina con una mezcla de preocupación y atención.

Preocupación, porque demuestra hasta dónde puede llegar la utilización del poder público cuando existen redes capaces de mover decenas de millones de dólares.

Pero también atención, porque demuestra algo que resulta esencial para la democracia: los presidentes también deben rendir cuentas.

Moreno fue vicepresidente y luego presidente de Ecuador. Ocupó uno de los cargos más importantes de su país. Hoy enfrenta una condena por corrupción que, aunque todavía pueda ser objeto de recursos judiciales, deja una marca histórica sobre su trayectoria política.

La democracia no puede consistir en elegir gobernantes y esperar cuatro o cinco años para volver a votar. Democracia significa también controlar, fiscalizar, investigar y sancionar.

Porque el poder público no pertenece al presidente.

Pertenece a los ciudadanos. 

Y cuando alguien utiliza ese poder para beneficio propio o de una red de intereses privados, no solamente está robando dinero del Estado.

Está robando algo mucho más difícil de recuperar: la confianza de la sociedad en la democracia