La institucionalidad secuestrada por la mala política

La democracia no se debilita únicamente cuando se desconoce el voto ciudadano en las urnas. También se erosiona cuando las instituciones llamadas a representar ese voto comienzan a interpretar las normas según la conveniencia política de las mayorías circunstanciales o de las alianzas de ocasión.

El Concejo Municipal de La Paz atraviesa precisamente una crisis de esa naturaleza. Las denuncias formuladas por concejales de la bancada de Innovación Humana ponen en cuestión la legalidad de la conformación de su directiva y, por extensión, la legitimidad de las decisiones adoptadas desde el inicio de la presente gestión. Si estas observaciones encuentran respaldo en la interpretación judicial, la ciudad habrá sido gobernada por una institucionalidad construida sobre bases frágiles.

El origen del conflicto se remonta a la primera sesión del Concejo Municipal. Según los denunciantes, no se respetó el principio de representatividad derivado del voto popular y, mediante una alianza entre fuerzas minoritarias, se conformó una directiva destinada a excluir a los concejales de la fuerza con mayor representación. La política tiene espacio para los acuerdos, pero nunca para convertir las excepciones reglamentarias en mecanismos para alterar la voluntad expresada por los ciudadanos.

Las observaciones no terminan allí. También se cuestiona la posesión de la actual vicepresidenta por parte de la presidenta del Concejo, cuando el Reglamento Interno —según la interpretación expuesta por la concejala

Miriam Aguilar— establece que esa atribución corresponde al comité ad hoc previsto en el artículo 7. Si la norma es clara, su incumplimiento no puede justificarse por razones de oportunidad política.

Más allá de quién tenga finalmente la razón jurídica, resulta preocupante que una institución encargada de fiscalizar al ejecutivo municipal se encuentre inmersa en disputas sobre la legalidad de su propia conducción. Un Concejo cuya legitimidad es cuestionada pierde autoridad moral para exigir transparencia, cumplimiento de la ley y rendición de cuentas al organo ejecutivo municipal.

Por ello, el amparo constitucional presentado ante el Tribunal Departamental de Justicia adquiere una relevancia que trasciende el interés de una bancada política. Lo que está en juego no es únicamente quién ocupa la presidencia o la vicepresidencia del Concejo, sino la credibilidad de una institución fundamental para el equilibrio democrático del municipio.

Sin embargo, tampoco sería saludable que la solución llegue únicamente desde los tribunales. La verdadera fortaleza de las instituciones reside en que sus integrantes respeten las reglas incluso cuando estas no favorecen sus intereses. Cuando las normas dejan de ser un límite para convertirse en herramientas de interpretación política, la institucionalidad comienza a vaciarse de contenido.

El principal perjudicado por esta confrontación no es un partido político ni un bloque de concejales. Es la ciudad de La Paz. Mientras el debate gira alrededor de la legalidad de la directiva, quedan relegados los problemas cotidianos de los ciudadanos: la seguridad, la movilidad, la gestión ambiental, las obras públicas y la calidad de los servicios municipales.

La justicia tiene ahora la responsabilidad de pronunciarse con independencia y celeridad. Si existieron vulneraciones al Reglamento Interno o a los principios de representación democrática, corresponde ordenar su corrección y establecer las responsabilidades que determine la ley. Si no las hubo, también será necesario despejar definitivamente las dudas para devolver estabilidad al órgano deliberante.

Porque ninguna ciudad puede permitirse un Concejo Municipal cuya principal agenda sea discutir la legitimidad de quienes lo dirigen. La política puede ser confrontación; la institucionalidad, en cambio, debe ser siempre el espacio donde las reglas prevalezcan sobre las conveniencias.