En los Emiratos Árabes Unidos se ha consolidado una peligrosa práctica que el mundo no puede seguir observando con indiferencia: la criminalización silenciosa de los trabajadores migrantes. Bajo el discurso de la seguridad nacional y el control migratorio, miles de personas han sido detenidas, incomunicadas y expulsadas sin juicio, sin defensa y sin siquiera la posibilidad de despedirse de la vida que construyeron durante años.
Las denuncias de Human Rights Watch y Amnistía Internacional revelan un patrón alarmante de abusos que vulnera principios elementales del derecho internacional y exhibe el lado más oscuro del modelo laboral del Golfo. Se trata de una política migratoria que convierte al trabajador extranjero en un ser desechable: útil mientras produce, prescindible cuando el Estado decide expulsarlo.
Resulta especialmente grave que muchas de estas deportaciones hayan recaído sobre ciudadanos paquistaníes chiitas, lo que evidencia discriminación religiosa y sectaria. Personas que residían legalmente en Emiratos desde hacía décadas fueron detenidas sin cargos formales, incomunicadas durante semanas y finalmente deportadas sin explicación oficial. Ninguna sociedad que se proclame moderna puede justificar semejante atropello.
El abuso no termina en la detención. Muchos deportados denunciaron que fueron expulsados prácticamente con la ropa que llevaban puesta. No pudieron retirar dinero de sus cuentas bancarias, cobrar salarios pendientes ni recuperar pertenencias personales. En cuestión de horas perdieron empleo, estabilidad, patrimonio y proyecto de vida. Décadas de trabajo desaparecieron bajo una decisión administrativa ejecutada sin transparencia ni garantías judiciales.
Lo más preocupante es la naturalización de este tipo de prácticas. En muchos países del Golfo, el trabajador migrante continúa atrapado dentro del sistema “kafala”, un mecanismo de patrocinio que otorga a empleadores y autoridades un poder desproporcionado sobre la vida de millones de personas. Bajo este esquema, el migrante depende legalmente de terceros para residir, trabajar e incluso abandonar el país. La consecuencia es evidente: vulnerabilidad extrema y miedo permanente.
Detrás de los impresionantes rascacielos de Dubái y Abu Dabi existe una realidad que rara vez aparece en las campañas de turismo o en los discursos oficiales sobre modernización. Gran parte de esa prosperidad fue construida por trabajadores extranjeros provenientes del sur de Asia y África, muchos de ellos sometidos a condiciones laborales precarias, restricciones de movilidad y escasa protección jurídica.
La contradicción es brutal: mientras Emiratos proyecta una imagen global de innovación, tolerancia y desarrollo económico, miles de trabajadores denuncian redadas nocturnas, confiscación de documentos, detenciones arbitrarias y deportaciones colectivas. No puede existir verdadera modernidad cuando el miedo reemplaza al derecho y cuando la condición migratoria se convierte en excusa para suspender garantías fundamentales.
Todo Estado tiene derecho a controlar sus fronteras y definir sus políticas migratorias. Pero ningún Estado tiene derecho a desaparecer personas temporalmente, negarles defensa legal o expulsarlas sin debido proceso. El combate a eventuales amenazas de seguridad no puede justificar prácticas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
La comunidad internacional también tiene responsabilidad en este silencio. Muchos gobiernos prefieren mirar hacia otro lado debido al peso económico y geopolítico de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, los derechos humanos no pueden aplicarse según conveniencias diplomáticas o intereses comerciales. Cuando el abuso se normaliza contra los migrantes, se erosiona el principio mismo de dignidad humana.
Hoy las víctimas son trabajadores paquistaníes, africanos o asiáticos. Mañana podría ser cualquier comunidad considerada incómoda o sospechosa. Por eso estas denuncias no solo hablan de migración; hablan del peligro de permitir que el poder actúe sin límites, sin control judicial y sin rendición de cuentas.
Una sociedad verdaderamente civilizada no se mide por el tamaño de sus edificios ni por el lujo de sus ciudades, sino por la forma en que trata a quienes sostienen silenciosamente su economía. Y en ese examen, las autoridades migratorias de Emiratos Árabes Unidos tienen todavía demasiadas cuentas pendientes con la justicia y con la dignidad humana.
