América Latina bajo asedio

CAPÍTULO I

La transformación del crimen organizado

El narcotráfico en América Latina tiene sus orígenes entre las décadas de 1940 y 1960, cuando el contrabando y el tráfico de marihuana, opio y cocaína eran desarrollados por organizaciones relativamente pequeñas, de alcance regional. Sin embargo, diversos estudios coinciden en que el narcotráfico moderno comenzó a consolidarse entre 1970 y 1973, impulsado por tres factores determinantes: el explosivo incremento de la demanda de drogas en Estados Unidos, el desarrollo de rutas internacionales de tráfico y la aparición de organizaciones dedicadas exclusivamente a la producción, procesamiento y exportación de estupefacientes.

Fue en ese contexto cuando surgió la denominada "bonanza marimbera", que convirtió a Colombia en el principal exportador de marihuana hacia Estados Unidos. Paralelamente, comenzó la expansión del negocio de la cocaína a partir de la hoja de coca producida en Perú y Bolivia, procesada y distribuida por organizaciones criminales colombianas.

El punto culminante llegó entre las décadas de 1980 y 1990 con la consolidación de los carteles de Medellín y Cali. Estas organizaciones controlaban prácticamente toda la cadena del negocio: desde la producción y el procesamiento hasta la distribución internacional, imponiendo un modelo empresarial criminal sin precedentes.

La presión internacional, la captura o muerte de sus principales líderes y la cooperación entre agencias de seguridad modificaron profundamente esa estructura, pero no significaron su desaparición. Por el contrario, dieron origen a un fenómeno mucho más complejo, descentralizado y difícil de combatir.

En lugar de grandes organizaciones jerárquicas surgieron decenas de estructuras flexibles que operan como verdaderas redes empresariales. Comparten rutas, intercambian servicios, tercerizan operaciones logísticas y establecen alianzas temporales de acuerdo con las oportunidades del mercado ilícito. Mientras una organización se especializa en el transporte marítimo, otra administra el almacenamiento, una tercera blanquea los recursos ilícitos y una cuarta controla la distribución internacional.

Esta fragmentación incrementó significativamente la capacidad de adaptación del crimen organizado. Cuando un líder es capturado, la organización no desaparece; redistribuye funciones, sustituye mandos y continúa operando. En otros casos, la caída de un jefe desata violentas disputas internas hasta que una nueva estructura asume el control.

Aunque el narcotráfico continúa siendo el principal motor financiero de estas organizaciones, dejó de ser su única fuente de ingresos.

La diversificación constituye hoy la principal estrategia para reducir riesgos y aumentar ganancias.

Las investigaciones realizadas en prácticamente todos los países de América Latina muestran un patrón común: las organizaciones criminales obtienen recursos mediante la minería ilegal del oro, el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la extorsión, el secuestro, el contrabando y los delitos ambientales. En numerosos casos, estas actividades generan ingresos comparables e incluso superiores a los provenientes del comercio de drogas.

El lavado de activos representa otro componente esencial de esta transformación. Los recursos ilícitos circulan a través de inversiones inmobiliarias, empresas de fachada, comercios, importadoras, exportadoras, constructoras, compañías de transporte, casinos, criptomonedas y complejas operaciones financieras internacionales diseñadas para dificultar el rastreo del dinero.

Como consecuencia, la economía legal y la economía criminal conviven hoy con una cercanía cada vez mayor.

Este proceso explica por qué la corrupción se convirtió en uno de los principales instrumentos del crimen organizado. Las organizaciones ya no necesitan desafiar permanentemente al Estado mediante la violencia; con frecuencia resulta mucho más rentable infiltrarlo.

Jueces, fiscales, policías, militares, funcionarios aduaneros, autoridades municipales, operadores políticos y operadores financieros se han convertido en objetivos estratégicos para garantizar impunidad, obtener información privilegiada y facilitar el movimiento de mercancías ilícitas.

Entre los casos más emblemáticos se encuentra el denominado Proceso 8.000 en Colombia (1994-1998), relacionado con el financiamiento del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Décadas después, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable en Estados Unidos por recibir millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa mientras dirigía la lucha oficial contra el narcotráfico.

La violencia continúa siendo un mecanismo de control, pero dejó de ser el único.

El enorme poder económico de estas organizaciones les permite comprar protección política, influir en decisiones judiciales, manipular contratos públicos, infiltrar campañas electorales y controlar sectores estratégicos de la economía. En varios países, la frontera entre corrupción institucional y crimen organizado resulta cada vez más difícil de distinguir.

Las consecuencias trascienden ampliamente las estadísticas de homicidios.

En numerosas ciudades latinoamericanas, el pago de extorsiones forma parte de la rutina cotidiana de comerciantes, transportistas, agricultores y pequeños empresarios. Las organizaciones criminales regulan horarios de funcionamiento, fijan tarifas de protección, controlan barrios enteros e incluso resuelven conflictos mediante mecanismos paralelos al sistema judicial.

El caso de El Salvador fue durante años uno de los ejemplos más representativos. Las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 impusieron el cobro de la denominada "renta" a comerciantes, transportistas y residentes, provocando el cierre de miles de negocios antes de la implementación del régimen de excepción en 2022.

En México, el denominado "cobro de piso" se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento para organizaciones como el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y La Familia Michoacana, que extorsionaban a comerciantes, productores agrícolas, empresarios y transportistas.

Perú también enfrenta un crecimiento sostenido de este delito. En Lima y Trujillo, bandas criminales utilizan llamadas telefónicas, redes sociales y atentados con explosivos para sembrar miedo y obligar a sus víctimas a pagar extorsiones.

En las áreas rurales, especialmente en zonas fronterizas y amazónicas, la presencia del Estado ha sido sustituida por estructuras armadas que administran economías ilegales, reclutan jóvenes, imponen normas de convivencia y ejercen control territorial durante años.

El Comando Vermelho expandió sus operaciones desde el narcotráfico hacia la minería ilegal del oro, el lavado de dinero y el control logístico de extensas áreas amazónicas compartidas entre Brasil, Perú, Colombia y Bolivia. El Primer Comando de la Capital (PCC), también originario de Brasil, combina el narcotráfico con actividades de minería ilegal y sofisticados mecanismos de lavado de activos.

En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) financia parte de sus operaciones mediante el control de minas de oro, la extorsión y la protección armada de explotaciones ilegales. Las disidencias de las FARC mantienen un esquema similar, articulando narcotráfico y minería ilegal como pilares de su economía criminal.

En Venezuela, organizaciones como el Tren de Guayana y otras estructuras armadas controlan importantes zonas auríferas del estado Bolívar mediante el cobro de tributos ilegales y el uso sistemático de la violencia. Paralelamente, el Tren de Aragua se consolidó como una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del continente, con operaciones vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el homicidio y el comercio ilícito del oro.

En Ecuador, grupos como Los Lobos ampliaron sus actividades desde el narcotráfico hacia la explotación ilegal de oro, incorporando una nueva fuente de financiamiento para sus operaciones.

La expansión de estas redes transformó también la geografía del narcotráfico.

Los puertos marítimos adquirieron una importancia estratégica sin precedentes. Contenedores cargados con frutas, carne, madera, minerales o productos manufacturados esconden toneladas de cocaína destinadas principalmente a Europa, Norteamérica y, cada vez con mayor frecuencia, a África Occidental.

Aunque los aeropuertos mantienen relevancia, el transporte marítimo constituye hoy el principal medio de exportación para las organizaciones criminales debido al inmenso volumen de mercancías que circula diariamente y a la imposibilidad práctica de inspeccionar cada embarque.

A ello se suma un fenómeno relativamente reciente: la profesionalización tecnológica del crimen organizado.

El empleo de comunicaciones cifradas, drones, sistemas satelitales, inteligencia artificial, criptomonedas, plataformas digitales y sofisticados mecanismos financieros demuestra que estas organizaciones evolucionan al mismo ritmo que la economía global.

Comprender este fenómeno exige recorrer cada una de las regiones donde estas redes construyeron su poder. México y Centroamérica constituyen el puente hacia el mercado norteamericano; la región andina concentra buena parte de la producción mundial de cocaína; el Cono Sur alberga algunos de los principales corredores logísticos hacia Europa y África; el Caribe funciona como plataforma para el tráfico internacional; y Haití representa uno de los ejemplos más dramáticos del vacío estatal aprovechado por las organizaciones criminales.

Ninguno de estos escenarios puede analizarse de manera aislada.

Pero para comprender cómo funciona esta red continental no basta con conocer sus actividades: es necesario identificar quiénes son sus principales protagonistas. Desde los carteles mexicanos hasta las mega bandas venezolanas, pasando por las mafias brasileñas y los grupos armados colombianos, cada organización cumple un papel específico dentro de una industria criminal que opera como un solo sistema. Ese será el siguiente paso de esta investigación.