Cibercrimen en Bolivia

El delincuente ya no necesita portar un arma ni interceptar a su víctima en una calle oscura. Hoy le basta un teléfono celular, una conexión a internet y una identidad falsa.

En Bolivia, el cibercrimen ha evolucionado a gran velocidad y las autoridades reconocen que las modalidades de fraude digital aumentan año tras año, mientras la capacidad de investigación especializada aún resulta insuficiente.

Las principales modalidades identificadas por la División de Cibercrimen de la Policía Boliviana incluyen ventas falsas por internet, suplantación de identidad, suplantación de empresas (phishing), fraudes mediante códigos QR, falsas inversiones, robo de cuentas de WhatsApp y extorsiones digitales.

Los delincuentes utilizan perfiles falsos, inteligencia artificial para generar imágenes y voces, y cuentas bancarias abiertas mediante terceros para dificultar su rastreo.

Uno de los indicadores más preocupantes proviene de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Hasta marzo de 2025, la plataforma "Bloquea la Estafa" había recibido 9.494 denuncias relacionadas con fraudes telefónicos y digitales. Como resultado, fueron bloqueados 7.326 IMEI y suspendidas 6.469 líneas telefónicas utilizadas para actividades ilícitas.

La ATT informó que el 49% de las denuncias corresponde a la suplantación de operadores móviles, una modalidad mediante la cual los delincuentes convencen a las víctimas de entregar códigos de verificación o realizar transferencias bancarias.

Delitos organizados desde las cárceles

Las investigaciones policiales desarrolladas principalmente en Santa Cruz evidenciaron que varias bandas de estafadores coordinaban sus operaciones desde centros penitenciarios, especialmente desde el penal de Palmasola. Algunos internos mantenían contacto permanente con colaboradores externos encargados de abrir cuentas bancarias, retirar dinero y conseguir nuevas líneas telefónicas para continuar las estafas.

El mecanismo suele repetirse: un interno realiza decenas de llamadas diarias simulando ser funcionario de un banco, familiar en emergencia o vendedor de un producto. Cuando la víctima realiza el depósito, un cómplice en libertad retira el dinero antes de que las autoridades puedan congelar la cuenta. La Policía reconoce que el ingreso ilegal de teléfonos celulares a los recintos penitenciarios sigue siendo uno de los principales factores que facilitan estos delitos.

La venta ilegal de bases de datos

Otra preocupación creciente es la comercialización clandestina de información personal. Expertos en ciberseguridad advierten que nombres completos, números de cédula, teléfonos, direcciones y otros datos circulan en mercados ilegales de internet, convirtiéndose en materia prima para nuevas estafas.

Durante 2024 se difundieron denuncias sobre la presunta comercialización de bases de datos relacionadas con la Gestora Pública. Aunque la autenticidad y el alcance de esa información debían ser establecidos mediante investigaciones oficiales, el caso abrió un intenso debate sobre la protección de datos personales y el riesgo de que información sensible sea utilizada para cometer fraudes financieros y suplantaciones de identidad.

Para los especialistas consultados por distintos medios de comunicación, la posesión de datos personales permite a los delincuentes generar confianza. Cuando conocen el nombre completo, el número de documento o información laboral de una persona, resulta mucho más sencillo convencerla de que habla con un funcionario legítimo.

Suplantación de identidad: el delito que más crece

La suplantación de identidad se ha convertido en una de las modalidades de fraude más frecuentes. Los delincuentes clonan cuentas de WhatsApp o Facebook, crean perfiles prácticamente idénticos y solicitan dinero a familiares y amigos de la víctima.

Otra variante consiste en hacerse pasar por operadores telefónicos, funcionarios bancarios o representantes de instituciones públicas. El objetivo es obtener códigos de seguridad, contraseñas o datos financieros.

Según la ATT, esta modalidad representa casi la mitad de todas las denuncias registradas en su plataforma nacional.

La División de Cibercrimen también alertó sobre el uso creciente de inteligencia artificial para generar fotografías, voces e incluso videollamadas falsas capaces de engañar a las víctimas con mayor facilidad.

Redes internacionales con presencia en Bolivia

El cibercrimen ya no opera únicamente desde el territorio nacional. Investigaciones internacionales de Interpol y Naciones Unidas muestran que enormes organizaciones criminales asentadas principalmente en el sudeste asiático administran centros especializados en estafas digitales que afectan simultáneamente a víctimas de decenas de países.

Estos grupos utilizan campañas de inversión falsa, engañosas relaciones sentimentales ("romance scams"), ventas inexistentes y ofertas laborales fraudulentas.

Los investigadores advierten que emplean bases de datos obtenidas ilegalmente, plataformas de criptomonedas y redes privadas virtuales (VPN) para ocultar su ubicación. Parte de sus operaciones alcanza también a usuarios bolivianos mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Las ventas falsas por internet

Marketplace de Facebook, grupos de WhatsApp e Instagram concentran buena parte de las denuncias por ventas inexistentes.

El esquema suele ser sencillo: se publican celulares, motocicletas, electrodomésticos o vehículos a precios inferiores al mercado. El supuesto vendedor exige un anticipo para "reservar" el producto. Una vez recibido el depósito, desaparece.

La Policía recomienda nunca realizar pagos anticipados sin verificar personalmente el producto ni transferir dinero únicamente con fotografías o conversaciones por redes sociales. Entre las modalidades también aparecen falsas empresas de encomiendas, supuestos premios, inversiones milagrosas y engaños mediante códigos QR.

Una respuesta todavía insuficiente

Aunque Bolivia cuenta con unidades especializadas de investigación informática dentro de la FELCC y con mecanismos preventivos impulsados por la ATT, los propios investigadores reconocen limitaciones en personal especializado, equipamiento tecnológico y coordinación con entidades financieras y empresas telefónicas para rastrear el dinero antes de que desaparezca.

El crecimiento del comercio electrónico, las billeteras digitales y el uso cotidiano de redes sociales ha ampliado la superficie de ataque para las organizaciones criminales. La velocidad con la que evolucionan estas modalidades obliga a fortalecer la legislación, la cooperación internacional y la educación digital de la ciudadanía.

Mientras tanto, miles de bolivianos continúan recibiendo llamadas, mensajes y ofertas aparentemente legítimas que, detrás de una pantalla, esconden una sofisticada industria del fraude. El cibercrimen dejó de ser un problema exclusivamente tecnológico para convertirse en uno de los mayores desafíos de la seguridad pública en la era digital.