El precio de la impunidad

El administrador de una empresa inmobiliaria, en una charla informal, comentó que los actos de corrupción de empleados de la alcaldía de Santa Cruz se convirtieron en parte de la cotidianidad, cada paso del trámite era antecedido por una dádiva que no daba factura, por supuesto, y la recompensa radicaba en la celeridad del proceso. Para completar los trámites para lograr el derecho propietario durava seis meses cuando uno iba por la vía legal, con la acelerada se podía reducir dependiendo de la billetera y la urgencia.

Los datos que arroja la auditoría con la nueva administración no logrará nunca dar con la verdadera dimención del negocio de la corrupción institucionalizada.

Los escándalos de corrupción suelen medirse por la magnitud de las cifras. Sin embargo, existen casos en los que el verdadero daño trasciende cualquier cálculo contable y termina erosionando los cimientos mismos de la democracia.

El fraude tributario de aproximadamente 570 millones de bolivianos detectado en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra constituye precisamente uno de esos episodios. No estamos frente a un acto aislado de corrupción administrativa, sino ante la evidencia de un mecanismo sistemático de saqueo que habría operado durante años desde el corazón mismo de la administración municipal.

Las investigaciones revelan más de 22.000 modificaciones informáticas realizadas para eliminar o reducir de manera irregular obligaciones tributarias. A ello se suman otros procesos abiertos por presuntas obras inexistentes, entre ellas el ya emblemático caso del denominado "pavimento fantasma", donde recursos públicos fueron desembolsados para infraestructura que nunca llegó a construirse.

Al rvelarse este escándalo, el panorama resulta inquietante: la institución encargada de administrar los recursos de la ciudad habría sido convertida en un instrumento para favorecer intereses particulares mediante redes de corrupción que operaban desde la misma alcaldía.

El costo de este saqueo no puede entenderse únicamente como una pérdida de Bs 570 millones. Esa cifra representa hospitales que nunca fueron construidos, escuelas que continúan hacinadas, calles que permanecen intransitables y barrios enteros que siguen esperando servicios básicos de calidad. Con esos recursos habría sido posible financiar al menos cinco hospitales de segundo nivel completamente equipados, levantar alrededor de treinta módulos escolares modernos o pavimentar más de 110 kilómetros de vías urbanas.

La corrupción tiene siempre un rostro humano. Cada dinero desviado significa un ciudadano que recibe una atención médica deficiente, un estudiante que aprende en condiciones precarias o una familia que convive diariamente con calles destruidas e inundaciones. Por eso resulta insuficiente reducir este caso a un simple delito económico. Se trata, en realidad, de un atentado contra el desarrollo urbano y contra las oportunidades de miles de personas.

Existe además una consecuencia menos visible, pero posiblemente más grave: la destrucción de la confianza pública. El sistema tributario funciona porque existe un acuerdo implícito entre el municipio y la ciudadanía. Los contribuyentes aceptan pagar impuestos bajo la expectativa de que esos recursos regresarán convertidos en obras y servicios públicos. Cuando se descubre que funcionarios manipularon deliberadamente los registros municipales para borrar deudas millonarias, ese pacto se rompe.

La pregunta que inevitablemente comienza a formularse el ciudadano cumplidor es sencilla: ¿por qué pagar impuestos si quienes administran esos recursos terminan enbolsillandese la plata? Esa pérdida de legitimidad puede derivar en una peligrosa apatía fiscal, debilitando aún más la capacidad financiera del municipio y afectando a quienes menos responsabilidad tienen en estos hechos.

En este contexto, la decisión de la actual administración municipal, encabezada por Manuel Saavedra, de abrir un período extraordinario para regularizar las obligaciones tributarias puede entenderse como una medida orientada a recuperar recursos de manera inmediata. No obstante, también plantea un dilema ético considerable. Quienes cumplieron oportunamente con sus obligaciones pueden percibir que el sistema termina otorgando nuevas oportunidades precisamente a quienes fueron favorecidos por las irregularidades o decidieron incumplir la ley. La recuperación financiera no puede realizarse sacrificando el principio de equidad tributaria.

El verdadero desafío no consiste únicamente en recuperar parte del dinero perdido. La tarea central es reconstruir la institucionalidad municipal. Ello exige auditorías forenses independientes.

La desición del alcalde de modernización tecnológica con mecanismos robustos de trazabilidad, sistemas digitales imposibles de manipular sin dejar evidencia y controles internos verdaderamente autónomos, es un paso importante y digno de reconcer. La transparencia no puede seguir dependiendo de la voluntad política de cada administración de turno; debe convertirse en una característica estructural del gobierno municipal.

Pero ninguna reforma administrativa tendrá credibilidad si no está acompañada por la actuación firme del sistema judicial. La sociedad boliviana ha presenciado demasiados escándalos que concluyen sin responsables o con procesos interminables que al final se diluyén en la burocracia. Si este caso sigue el mismo camino, el mensaje será devastador: que el desvío de recursos públicos continúa siendo un delito de bajo riesgo y alta rentabilidad.

La publicación transparente de la lista de los inmuebles beneficiados mediante las manipulaciones tributarias, el esclarecimiento completo de las responsabilidades administrativas y penales y la sanción efectiva de los autores materiales e intelectuales constituyen condiciones indispensables para recuperar la confianza ciudadana. La impunidad no solo protege a quienes cometieron los delitos; también incentiva que futuras administraciones reproduzcan las mismas prácticas.

Santa Cruz de la Sierra enfrenta hoy una oportunidad excepcional para demostrar que la corrupción no tiene por qué convertirse en una condena permanente. Toda crisis institucional ofrece la posibilidad de una transformación profunda. Pero esa transformación solo será posible si las investigaciones avanzan sin presiones políticas, si la justicia actúa con independencia y si la ciudadanía mantiene una vigilancia activa sobre el destino de los recursos públicos.

Más allá de los nombres propios y de las coyunturas políticas, el verdadero debate es otro: definir si los gobiernos municipales seguirán siendo espacios de administración del interés colectivo o continuarán funcionando como botines de poder capturados por redes clientelares. La respuesta marcará no solo el futuro de Santa Cruz de la Sierra, sino también el estándar ético que Bolivia está dispuesta a exigir a quienes administran el patrimonio de todos.

Porque, al final, el mayor costo de la corrupción nunca aparece en los balances financieros. Se manifiesta cuando la ciudadanía deja de creer en sus instituciones. Y reconstruir esa confianza suele ser mucho más difícil que recuperar cualquier suma de dinero.