Patrimonio cultural boliviano: una década de reconocimientos, pero también de deudas

Entre 2015 y 2025, Bolivia vivió una etapa particularmente importante para la defensa y promoción de su patrimonio cultural. El país consiguió que varias de sus expresiones culturales fueran reconocidas por la UNESCO y consolidó, al menos en el discurso, una visión del patrimonio que va mucho más allá de los monumentos, las iglesias coloniales o los sitios arqueológicos.

Sin embargo, al hacer un balance de esta década, aparece una contradicción que merece ser discutida: Bolivia ha sido mucho más eficaz para conseguir reconocimientos internacionales que para garantizar una política pública permanente de conservación, investigación, protección y aprovechamiento sostenible de su patrimonio.

La década comenzó con un marco jurídico relativamente moderno. La Ley Nº 530, promulgada en 2014, estableció que el patrimonio cultural boliviano comprende tanto bienes materiales como inmateriales y reconoció que las expresiones culturales viven, se transforman y se transmiten dentro de las comunidades.

Ese enfoque fue fundamental. Permitió superar parcialmente la antigua concepción de que patrimonio era solamente aquello que podía exhibirse en un museo. Una danza, una festividad, una lengua, una técnica artesanal, una tradición oral o un conocimiento comunitario también forman parte de la memoria colectiva.

Y los resultados internacionales son innegables.

Entre 2015 y 2025, Bolivia incorporó cinco nuevas expresiones a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: los recorridos rituales de la Alasita en 2017; el Gran Poder en 2019; la Fiesta Grande de Tarija en 2021; Ch'utillos en 2023; y, en 2025, la Fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre.

Es un logro extraordinario. En diez años, distintas comunidades bolivianas lograron colocar sus tradiciones en el escenario internacional.

Pero aquí comienza la pregunta incómoda: ¿qué recibe la comunidad después de obtener el reconocimiento?

Una declaratoria de patrimonio no puede convertirse en una medalla colgada en la pared de una institución pública. El verdadero valor de una inscripción internacional está en lo que sucede después: investigación, documentación, transmisión generacional, protección frente a la apropiación indebida, fortalecimiento de los portadores de la tradición y generación de condiciones económicas dignas para quienes mantienen vivo ese patrimonio.

La propia UNESCO plantea que el patrimonio cultural inmaterial debe ser salvaguardado con participación de las comunidades que lo crean, recrean y transmiten. En el caso boliviano, además, existen responsabilidades compartidas entre el nivel central del Estado, gobiernos departamentales, municipios y autonomías indígena originario campesinas.

Ahí encontramos una de las principales debilidades de la década.

El Estado boliviano ha tenido una presencia importante en la promoción cultural, pero una presencia irregular en materia de conservación. Los cambios institucionales, la reducción o insuficiencia de recursos, la falta de continuidad de programas y la fragmentación de responsabilidades han impedido construir una política patrimonial de largo plazo.

El patrimonio material es probablemente el ejemplo más evidente. Bolivia posee iglesias, centros históricos, sitios arqueológicos, museos, archivos, bienes muebles y colecciones que necesitan inventarios actualizados, restauración especializada, sistemas de seguridad, digitalización y presupuestos permanentes.

No basta con declarar un edificio patrimonio. Hay que evitar que se deteriore.

No basta con reconocer una pieza arqueológica. Hay que investigarla, conservarla y garantizar su procedencia.

No basta con inaugurar un museo. Hay que dotarlo de investigadores, conservadores, tecnología, presupuesto y público.

Y tampoco basta con llevar una danza boliviana a una ceremonia internacional. Hay que garantizar que los niños y jóvenes de las comunidades quieran seguir practicándola.

La década también dejó algunas experiencias positivas de cooperación internacional. La UNESCO registra, por ejemplo, proyectos de salvaguardia de las comunidades kallawayas y programas vinculados con la utilización de herramientas transmedia para el desarrollo sostenible del patrimonio cultural inmaterial en los países andinos.

Estas experiencias muestran una dirección que Bolivia debería profundizar: el patrimonio no debe ser solamente preservado; debe ser documentado, investigado, digitalizado y convertido en conocimiento accesible para las nuevas generaciones.

El desafío es todavía mayor en la era digital.

Mientras el Estado avanza lentamente, las comunidades producen diariamente miles de fotografías, videos, canciones, documentos y testimonios que circulan por Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. Esa producción constituye también un enorme archivo de la memoria contemporánea.

¿Quién lo conserva?

¿Quién lo clasifica?

¿Quién garantiza que esos conocimientos no sean utilizados comercialmente sin autorización de sus comunidades?

¿Quién protege los derechos colectivos sobre diseños textiles, música, rituales, conocimientos tradicionales y expresiones culturales?

Son preguntas que una política patrimonial moderna ya no puede ignorar.

También debemos reconocer otro problema: la patrimonialización puede convertirse en una amenaza cuando transforma una expresión cultural viva en un simple espectáculo turístico.

El patrimonio necesita turismo, pero no puede quedar subordinado al turismo. Una festividad tiene una dimensión económica, pero también religiosa, comunitaria, histórica y simbólica. Si solamente se observa el número de visitantes, el movimiento económico o la promoción internacional, se corre el riesgo de vaciar de contenido aquello que precisamente se pretende proteger.

El balance 2015-2025, por tanto, no debería ser ni triunfalista ni pesimista.

Bolivia tiene motivos para sentirse orgullosa. Las cinco nuevas inscripciones obtenidas durante este período demuestran que existe una extraordinaria riqueza cultural y que las comunidades poseen capacidad para organizar procesos de salvaguardia y reconocimiento internacional.

Pero el Estado debe entender que el patrimonio no se administra únicamente desde un ministerio. Se protege desde la escuela, las universidades, los municipios, los museos, las comunidades, los medios de comunicación y las instituciones científicas.

El próximo desafío debería ser construir una política nacional de patrimonio para los próximos 20 años, con presupuesto estable, inventario nacional digital, sistema de alerta para bienes en riesgo, fortalecimiento de museos, formación de restauradores y conservadores, investigación arqueológica y antropológica, protección de archivos y colecciones, y mecanismos efectivos para que las comunidades sean protagonistas.

También sería necesario vincular patrimonio y economía. Restaurar un centro histórico puede generar empleo. Fortalecer la artesanía puede mejorar los ingresos familiares. Digitalizar archivos puede generar conocimiento. Promover rutas culturales puede dinamizar municipios. Y proteger una festividad puede convertirse en una oportunidad para miles de pequeños productores, artistas, músicos, artesanos y emprendedores.

El patrimonio, bien administrado, no es un gasto: es una inversión en identidad, conocimiento y desarrollo.

La década 2015-2025 deja, entonces, una conclusión clara: Bolivia consiguió importantes victorias simbólicas ante el mundo, pero todavía debe convertir esos reconocimientos en políticas públicas sostenibles dentro del país.

Porque el verdadero patrimonio no es el diploma de la UNESCO.

El verdadero patrimonio es aquello que una generación recibe, protege, transforma y entrega a la siguiente.

Y en esa tarea, el Estado boliviano todavía tiene una deuda considerable con su propia memoria.